El señor alcalde ha sido absuelto de un presunto caso de acoso laboral, por lo que hay que alegrarse e incluso felicitarse: como a cualquier mortal, ningún marrón le favorece aunque lo lleve con el mejor de los ternos y la mejor de las sonrisas.
Habrá que preguntarse si la sentencia servirá de algo más que para devolverle la compostura, porque la minuta del bufete prestigioso que lo defendió no será pequeña, aunque sí con cargo a los fondos públicos. Por tanto sería recomendable que, al menos, resolviera también la mera conflictividad laboral derivada de las relaciones laborales que recoge la sentencia, conflictividad que dura cuatro años en el caso enjuiciado y que la parte demandante describe como calvario, aunque quien se lo curre en el sector público lo llamará puteo sin pensárselo dos veces.
En el puteo, aunque parezca lo contrario, es más frecuente la incapacidad que la intencionalidad de quien lo practica, la autoridad competente que da muestras precisamente de todo lo contrario. Esta es una de las razones por las que en los últimos años se valora mucho más la capacidad de resolución de conflictos que las demás cualidades que deben tener los mandos intermedios del sector público (las dotes de mando se suponen que van de serie con el cargo). En cuanto a los mandos superiores, suelen ser una designación / elección política, por lo que, en lo que atañe a Correos, sólo me cabe decir que así nos ha ido y así nos va desde que Feijóo pasó por aquí: el empeño en convertir un servicio público en una sociedad anónima se resume en pérdidas año tras año. Es lo que pasa cuando un servicio público se quiere convertir en un negocio rentable, es lo que pasa cuando un político se disfraza de empresario o viceversa.
Tampoco el ayuntamiento de Pozoblanco ha estado libre de la mera conflictividad laboral en esta legislatura, ni puede afirmarse que el caso enjuiciado sea un caso aislado: entre las muchas dotes atribuibles al señor alcalde una de ellas no es la de resolución de conflictos, más bien al contrario: desde el enfrentamiento con técnicos municipales por las obras del Risquillo, el conflicto inacabable con la policía municipal, la renuncia de la interventora por el retraso de pagos a proveedores, etc, no sé hasta qué punto se puede hablar de mera conflictividad laboral en vez de múltiples y prolongados conflictos laborales. Una pena, porque sin un mínimo entendimiento entre trabajador@s públic@s y cargos políticos la labor de cualquier administración pública se ralentiza o se estanca. Uno de los puntos negros de Santiago Cabello y de su gobierno que la oposición saca a relucir en cada pleno, y una de las razones por las que el equipo de gobierno no recoge los frutos de tantos esfuerzos como predica.
En el último pleno, lejos de anunciar su disposición de resolver el caso que le llevó a juicio, el señor alcalde decidió tirar de victimismo (sin reparar que le luce menos que el marrón) y reprochar a la santa cara de Miguel Calero, portavoz de IU, su anuncio de que, en caso de condena, pidiera su dimisión y que asumiera los gastos penales de su bolsillo. Para no quedarse atrás, la primera teniente de alcalde y portavoz del PP, Anastasia Calero, fue un paso más allá y describió los malos ratos pasados por el señor alcalde y allegad@s, echándole en cara al portavoz de IU que no contara con las dos versiones, la del demandado y la del demandante. Y para añadir un toque más melodrámatico se atrevió a pedir la dimisión de Miguel Calero, un ojo por ojo en la mejor tradición judeocristiana antes que el quid pro quo lógico que pretendía ser.
No tuvo en cuenta la señora teniente de alcalde que hay una pequeña diferencia entre pedir la dimisión del señor alcalde, como parte de su responsabilidad política en caso de condena judicial, a pedírsela a un concejal que cumple con su obligación de que el señor alcalde rinda cuentas. ¿O es que el señor alcalde habría tenido la santa cara de presentarse a la reelección si la sentencia hubiera sido otra?
Además, ni rastro de la voluntad de buscar un acuerdo con el empleado que le ha llevado a juicio. Ni falta que hace: se supone que la absolución es lo que resuelve el conflicto. Lo que me parece mucho suponer, pero es lo que hay en esta legislatura: muchas apariencias, poca realidad.
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